A pocos días vista de que la Junta de Gobierno Local de San Lorenzo de El Escorial proceda a la adjudicación del concurso abierto para la contratación, por valor de 592.000 €, de una «Asesoría de Desarrollo de la Concejalía de Urbanismo y Servicios», que todo apunta a que recaerá en la mercantil AURIGA –empresa de Alberto Gómez que curiosamente tiene sus oficinas instaladas en el ático del ayuntamiento y que por supuesto está muy bien relacionada con Isabel Torres, concejala de Hacienda–, desde AME planteamos si no es suficiente con el trabajo que vienen desarrollando los siete empleados municipales que tiene a su disposición la Concejalía de Urbanismo (arquitecto, aparejador, delineante, ingeniero técnico industrial, dos administrativos y un auxiliar administrativo, cuyos sueldos en su conjunto ascienden a 234.623,56 euros), más cuando el parón que por causa de la burbuja inmobiliaria ha sufrido el sector de la construcción y la promoción de viviendas ha reducido drásticamente la carga de trabajo en dicha Concejalía; la cual está bajo la responsabilidad de Gonzalo Cuesta Nieto, personaje que no tuvo reparos morales a la hora de incorporarse, pasando a formar parte de los órganos de Huaco Obras y Servicios S.L., a una sociedad que acababa de ser beneficiaria de una decisión en la que él había tomado parte en el Ayuntamiento, es decir la concesión de sendas licencias de obra mayor para la construcción de un edificio de uso comercial en la parcela sita en la calle Teresa Berganza nº 33, licencias que a la postre fueron declaradas ilegales por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid y por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por incumplir la normativa urbanística vigente de aplicación cuando las licencias fueron concedidas.

La contratación de una «Asesoría de Desarrollo de la Concejalía de Urbanismo y Servicios», por valor de 592.000 €, choca frontalmente con la medida adoptada por José Luis Fernández-Quejo y el resto de los ediles del Partido Popular de suprimir la paga extraordinaria de Navidad de todos los empleados municipales, funcionarios y laborales, para ahorrar 333.685,09 €. Siguiendo con las prácticas de enchufismo, amiguismo y clientelismo tan extendidas en el ayuntamiento, el alcalde y su Equipo de Gobierno no hacen sino perjudicar gravemente las economías familiares de los empleados municipales, lo que repercutirá de forma negativa en el comercio y la hostelería de todo el municipio, amén de beneficiar, si finalmente se confirma la concesión a AURIGA del concurso, de manera descarada a una empresa que viene realizando su particular agosto con el ayuntamiento desde hace varias legislaturas.

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