España vive desde hace décadas en la dictadura del bipartidismo, como consecuencia del sistema electoral democráticamente impuesto por los dos grandes partidos. Si a ello añadimos las famosas frases del otrora influyente político sevillano «Montesquieu ha muerto» y “el que se mueve no sale en la foto”, tendremos la tormenta perfecta, el tsunami que ha asolado a esta vieja piel de toro llamada España.

Desde la cabeza coronada, cuya fortuna personal la revista Forbes estima en más de “dos mil millones de euros”, pasando por su familia, caso Urdangarín y la Infanta Cristina, sin olvidarnos del Congreso de los Diputados, el Senado, las Diputaciones, los Parlamentos Autonómicos y los distintos ayuntamientos, todos están bajo sospecha.

Tenemos identificados a los corruptos, pero ¿tenemos identificados a los corruptores?, porque sin corruptores no habría corruptos. Sin embargo parece que nadie se ocupa de ellos. ¿Por qué? Sencillamente porque para responder a esa pregunta nos tendríamos que dar un paseo por el IBEX-35. Y eso ya son palabras mayores. A ese selecto club no todo el mundo tiene acceso.

Tanto bancos, como cajas, empresas de construcción, inmobiliarias, empresas de tecnología, empresas energéticas, operadoras de telefonía, medios de comunicación, etc., absolutamente todos los sectores de producción y servicios cuentan entre sus miembros con “corruptores”. Y si queremos hacer una limpieza no sólo tenemos que depurar a los políticos y sus partidos, sino que también es imprescindible depurar a toda la cúpula empresarial que emplea métodos corruptos, perjudicando, en primer lugar, a los propios empresarios que cumplen escrupulosamente su actividad. Demasiadas empresas viven de los favores y de los presupuestos generales del Estado. ¿Hasta cuándo vamos a soportar este orden de cosas? ¿Habrá que esperar a que se produzca un estallido social?

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