Después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, con José Luis Fernández-Quejo a la cabeza, e Isabel Torres, José Antonio Vara, Carlota López Esteban y Joaquín Cobo Serrano como fieles escuderos, con la llamativa ausencia de Gonzalo Cuesta Nieto, llevasen en el orden del día de la sesión ordinaria celebrada por dicha Junta el día 23 de Diciembre de 2012 la ejecución de la Sentencia recaída en el P.O. 156/2008, que declaraba ilegales sendas licencias de obra mayor concedidas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 7 de Junio de 2007, a las mercantil Huaco Obras y Servicios S.L., y de fecha 4 de Junio de 2008, a las mercantil Carbonell Lozano y Asociados Investment, SLU, para la construcción de un edificio de uso comercial en la parcela sita en la calle Teresa Berganza nº 33, en Alternativa Municipal Española nos preguntamos:

1- ¿Se dará por zanjado el asunto acusando recibo de la sentencia recibida, teniendo por anuladas las resoluciones mediante las cuales se acordó conceder ambas licencias, teniendo por anuladas las resolución mediante la cual se desestimó la solicitud de suspensión cautelar de los efectos de las dos resoluciones anteriores, teniendo por anuladas las resolución que desestimaba el recurso de reposición interpuesto frente a los acuerdos de 7 de Junio de 2007 y de 4 de Junio de 2008 anteriormente citados, iniciando e instruyendo los procedimientos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo alcanzado en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 23 de Diciembre pasado y comunicando la resolución al Juzgado y notificándosela a los interesados?

2- ¿O por el contrario habrá que derribar el edificio de la calle Teresa Berganza nº 33? Y en caso de tenerlo que hacer, ¿quién correrá con las repercusiones económicas que han tenido y tendrán en adelante las resoluciones que concedían unas licencias que la Justicia ha declarado ilegales o ambos personajes se irán de rositas?

3- ¿Semejante política urbanística acarreará responsabilidades políticas sobre el concejal de Urbanismo, Gonzalo Cuesta Nieto –quien no tuvo reparos morales a la hora de incorporarse, pasando a formar parte de los órganos de Huaco Obras y Servicios S.L., a una sociedad que acababa de ser beneficiaria de una decisión en la que él había tomado parte en el Ayuntamiento– o sobre el alcalde, José Luis Fernández-Quejo?

Esto es lo que pasa cuando se dispara con pólvora del rey.

Éste es el resultado de una turbia política urbanística contraria a la ley. Si algo parecido hubiera pasado en una empresa privada, los responsables estarían hace mucho tiempo haciendo cola en la oficina del paro.

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